Euskadi Ta Askatasuna

• E.T.A.

• País Vasco y Libertad

Euskadi Ta Askatasuna (ETA; «País Vasco y Libertad» en euskera) fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus sesenta años de historia, entre 1958 y 2018, surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones algunas de ellas, de las cuales solo sobreviviría la conocida como ETA militar.

Fundada en 1958 por varios miembros de Ekin, organización radical escindida de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, su objetivo fue la constitución de un Estado socialista en lo que el nacionalismo vasco considera los siete territorios de Euskal Herria y su independencia de España y Francia. A partir de finales de la década de 1960, sus integrantes, llamados «etarras», comenzaron a utilizar el asesinato, el secuestro y la extorsión económica para lograr este fin. Sus principales objetivos fueron guardias civiles, policías y militares españoles, aunque el 41 % de sus víctimas mortales fueron civiles, entre ellos: jueces, políticos, periodistas, empresarios y catedráticos, además de personas cuya muerte ha sido considerada por ETA como «accidental» o como un «daño colateral». Cometió su primera acción violenta el 18 de julio de 1961, su primer asesinato el 7 de junio de 1968 y el último el 16 de marzo de 2010. Anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011. Desarmada en abril de 2017, el 3 de mayo de 2018 anunció su disolución.

También participó en la vida política a través de una red de partidos políticos, sindicatos y asociaciones, destacadamente a través de Herri Batasuna. Desde la década de 1980, ETA declaró y rompió numerosas treguas y altos al fuego, negociando en varias ocasiones con los sucesivos Gobiernos de España. La sucesión de atentados como el atentado de Hipercor (1987) o el asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997), entre otros, acrecentaron la reacción social contra ETA. La aprobación en 2002 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que prevé la ilegalización de partidos que apoyen de forma reiterada y grave la violencia y el terrorismo, llevó a la ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, entre otros. Los recursos presentados por estos partidos fueron desestimados por el Tribunal Constitucional español y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A lo largo de su historia, se estima que la organización asesinó a 864 personas, entre ellas 22 niños. Habría llegado a ingresar 120 millones de euros mediante atracos, secuestros, tráfico de armas y extorsión económica, así como la recolecta de fondos en herriko tabernas (bares de simpatizantes de la izquierda abertzale) y en algunas txosnas (casetas de las fiestas populares). La organización extorsionó a 10 000 empresarios mediante el llamado «impuesto revolucionario», generalmente a través de amenazas de muerte. Un número indeterminado de personas emigraron del País Vasco a causa de ETA. Una publicación de 2018 afirma que la actividad de ETA tuvo un coste económico de 25 000 millones de euros entre 1970 y 2003. Aunque considerada parte de la oposición al franquismo, el 95 % de sus asesinatos tuvieron lugar después de la muerte de Francisco Franco. Más de dos tercios de los asesinados eran vascos o navarros.

Denominación
Los integrantes de ETA solían ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En euskera, la denominación es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización solían autodenominarse como «gudaris» (gudariak, en euskera), que significa «guerreros», «combatientes» o «soldados». Se trataba del nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra los sublevados durante la Guerra Civil de 1936 a 1937.

Historia
Antecedentes y orígenes
Véase también: Ekin (histórico)
En los años 50, la dictadura franquista obtuvo mayor reconocimiento internacional. Así, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue desposeído de su céntrica sede en París en 1951 y Franco firmó un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vías diplomáticas que durante esos años había desarrollado el PNV.

En 1952 se organizó un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin («acometer» en euskera) en Bilbao. En un principio Ekin organizaba charlas y cursos clandestinos sobre euskera e historia. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo tomó contacto con su organización juvenil, Euzko Gaztedi Indarra (EGI). En 1956 ambas asociaciones se fusionaron, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso Mundial Vasco celebrado ese mismo año en París, en el que apostando por el relevo generacional, diferían de las directrices del partido. En 1958 se vislumbraron tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV, que llevaron a la expulsión de dirigentes de Ekin y que motivó la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que Ekin propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en la que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

Euskadi Ta Askatasuna se constituyó en 1958. Inicialmente también se consideró el nombre Aberri Ta Askatasuna («Patria y Libertad»), pero fue descartado porque su acrónimo ATA significa «pato» en euskera guipuzcoano. Por este motivo, José Luis Álvarez Emparanza "Txillardegi" propuso el nombre Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que se decidió en una reunión entre Benito del Valle, Julen Madariaga, Iñaki Larramendi y Txillardegi en Deva a finales de 1958. Usaron dicho nombre públicamente por primera vez en una carta dirigida a Jesús María Leizaola, lendakari en el exilio, el 31 de julio de 1959, día en el que se celebraba tanto la festividad de San Ignacio de Loyola como el 64.º aniversario de la fundación del PNV. En 1959 la organización tenía junta directiva colegiada formada por Eneko Irigarai, David López Dorronsoro, Txillardegi, Benito del Valle, José Manuel Agirre, Julen Madariaga, Alfonso Irigoien, Patxi Iturrioz, Iñaki Larramendi, Mikel Barandiarán, Rafael Albisu e Iñaki Gainzarain.

Primeras asambleas y primeros atentados
El 25 de octubre de 1959 explotó una bomba casera en la sede del periódico Alerta en Santander. El mes siguiente hubo explosiones similares en el Gobierno Civil de Vitoria y la jefatura de policía de Bilbao. Un informe confidencial del consulado de Estados Unidos en Bilbao, sacado a la luz en 2019, atribuyó estos ataques a "nacionalistas vascos" a los que identificó con ETA el 7 de diciembre de 1959.

ETA cometió su primera acción violenta confirmada el 17 de julio de 1961, al intentar hacer descarrilar un tren que transportaba a un grupo de franquistas que viajaban a San Sebastián para conmemorar el 25 aniversario del golpe de Estado de julio de 1936, que marcó el inicio de la guerra civil española. El ataque fracasó completamente y tuvo como consecuencia la identificación de ETA por la Brigada Político-Social y la detención de una treintena de sospechosos, siete de los cuales fueron condenados a prisión. ETA se dio así cuenta de que no estaba preparada todavía para la acción violenta.

Algunos autores consideran que la primera víctima mortal fue la niña de veintidós meses de edad, Begoña Urroz Ibarrola, fallecida el 27 de junio de 1960 al explotar una bomba en una consigna de la estación de Amara en San Sebastián. El régimen franquista atribuyó el atentado a «elementos extranjeros, en cooperación con separatistas vascos y comunistas españoles» y más tarde la policía franquista señaló al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) —un efímero grupo hispanoluso antifranquista y antisalazarista fundado en 1959— como autor de este y otros atentados que habían tenido lugar por aquellas fechas. En 1992, el vicario general de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, basándose en el testimonio de una catequista, atribuyó este atentado a ETA. El exministro y catedrático Ernest Lluch recogió esta versión y en 2000 publicó un artículo en el diario El Correo, donde exponía que habría indicios de que Begoña Urroz fuera la primera víctima de ETA. En 2010, el Congreso de los Diputados oficializó esta versión y declaró el 27 de junio como «Día de las víctimas del terrorismo». Sin embargo, como indican los historiadores Santiago de Pablo, Iñaki Egaña, Gaizka Fernández Soldevilla, y el periodista Xavier Montanyà, que tuvo acceso a los archivos policiales desclasificados, no hay fuentes fiables que permitan asegurar la autoría de ETA, mientras que todo parece indicar que se trató del DRIL.

La Primera Asamblea (1962)
Su ideario, plasmado en su I Asamblea, celebrada en el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Belloc de Urt (Francia) en mayo de 1962, se basaba en:

La independencia del País Vasco, comprendiendo este los territorios españoles y franceses de Álava, Guipúzcoa, Labourd, Alta Navarra, Baja Navarra, Soule y Vizcaya.
La definición de ETA como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, rehuyendo su consideración como un mero partido político.
La defensa del euskera como elemento definidor de la identidad nacional vasca, superando la concepción racial defendida en su día por Sabino Arana.
La defensa de la democracia representativa, con rechazo expreso de fascismo y comunismo.
La defensa de la aconfesionalidad del Estado, rompiendo también en este punto con el catolicismo del nacionalismo vasco tradicional.
La Segunda Asamblea (1963)
En 1962, el ideólogo exiliado Federico Krutwig, bajo el pseudónimo de «Fernando Sarrailh de Ihartza», en su obra Vasconia define a ETA como un «Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, creado en la resistencia patriótica, e independiente de todo otro partido, organización u organismo».

En la Segunda Asamblea, celebrada en Capbreton en marzo de 1963, se va definiendo el carácter izquierdista de la organización, que se autodefine como socialista. De esta forma se va alejando de la tradición conservadora y católica del PNV.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA. Para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente «que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es núcleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con este ningún lazo de disciplina», rechazando sus métodos violentos.

La Tercera Asamblea (1964)
En la Tercera Asamblea, que se celebró en Bayona entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. Además, se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

Cuarta Asamblea: las tres corrientes (1965)
A partir de la Cuarta Asamblea aparecen algunas de las líneas de fractura que dividirán a los miembros de la organización, lo que se evidenciará más en asambleas posteriores al dar lugar a varias escisiones. Resumiendo, por una parte hay una tensión ideológica entre quienes dan preeminencia a los aspectos más nacionales o vasquistas de la actividad de ETA y quienes privilegian la implicación en las luchas obreras que sacuden a toda España en esos años. Por otra, se discute sobre el grado de importancia que deben tener en el quehacer de la organización las luchas netamente políticas de un lado y la actividad armada de otro. La Cuarta Asamblea se inició en agosto de 1965 en la Casa de Ejercicios Espirituales de los jesuitas de Loyola de la localidad guipuzcoana de Azpeitia y continuó en una cabaña de las campas de Urbía, lugar próximo al Santuario de Aránzazu, al ser sorprendidos algunos delegados del exilio de camino a la primera sede. En ella se marcaron tres tendencias:

Los «culturalistas» o «etnolingüistas», que representaban el sector más vasquista, encabezados por José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi.
Los «obreristas», de ideología comunista, que supeditaban la liberación nacional a los intereses de clase, y cuyo líder era Patxi Iturrioz.
Los «tercermundistas» o «anticolonialistas», encabezados por José Luis Zalbide, que eran otro sector de izquierdas y nacionalista partidario de establecer un vínculo entre la lucha por la independencia vasca y las luchas de liberación nacional que se estaban dando en varios países del Tercer Mundo frente a las potencias coloniales.
En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos. Su primer atraco a mano armada tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Vergara el 24 de septiembre de 1965.

Quinta Asamblea: ETA Berri y ETA Zaharra (1966-67)
La Quinta Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases: la primera, en diciembre de 1966, en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa); la segunda, en marzo de 1967, en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa). En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la Cuarta Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas. Por su parte, ETA Berri renunciaría a la pugna por las siglas, pasaría a denominarse Komunistak y posteriormente se transformaría en el Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK), contribuyendo a crear un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC).

En ETA Zaharra, el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que dejó la organización formando un colectivo agrupado en torno a la revista Branka. En la Quinta Asamblea se decide también crear los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

El 7 de junio de 1968 se produjo el primer asesinato de ETA: el del guardia civil José Antonio Pardines Arcay en un control de carretera. Dos meses después, el 2 de agosto, ETA cometió su primer atentado premeditado: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista. Como reacción, se declaró el estado de excepción en Guipúzcoa y la prensa del Movimiento comenzó a difundir una imagen manipulada y alarmista de la organización. A lo largo de 1968 se produjeron un total de 434 detenidos, 189 encarcelados, 75 deportados y 38 exiliados. En abril de 1969, una nueva oleada de detenciones dejó la organización sin capacidad operativa y con su dirección desmantelada.

El Proceso de Burgos y la Sexta Asamblea: ETA-V y ETA-VI (1970)
Artículos principales: Proceso de Burgos y Liga Komunista Iraultzailea.
En diciembre de 1970, dieciséis miembros de ETA fueron juzgados y seis de ellos condenados a muerte en el denominado Proceso de Burgos. Las movilizaciones populares en solidaridad con los encausados y la presión internacional hicieron que las penas de muerte fueran conmutadas, como ya lo habían sido antes las de otros dos miembros de ETA. La repercusión del juicio proporcionó una gran publicidad internacional a la organización que acababa de sufrir una nueva escisión.

En la Sexta Asamblea, celebrada en agosto de 1970 en Itxassou, resurgieron con fuerza las tensiones entre un sector «militarista» partidario de la preeminencia de la actividad terrorista y un sector llamado otra vez «obrerista» que abogaba por la supeditación de la lucha armada a la lucha política en alianza con las organizaciones obreras. Este último sector era mayoritario durante la celebración de la asamblea. Su decisión de poner coto a la actividad armada provocó que el sector militarista se negase a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA Quinta Asamblea Askatasuna ala hil ('Libertad o muerte') o ETA-V. Por su parte, el sector mayoritario comenzó a emplear la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil ('Revolución o muerte') o, abreviadamente, ETA-VI.

Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI (denominado EGI-Batasuna), las juventudes del PNV, partidario de la lucha armada. ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 unirse al partido trotskista español Liga Comunista Revolucionaria (LCR), que después daría lugar al partido vasco Liga Komunista Iraultzailea (LKI). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la ORT y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (denominada de nuevo simplemente ETA).

La segunda Sexta Asamblea: ETA militar y ETA político-militar (1973-75)
La Sexta Asamblea de 1973 (puesto que la facción que se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior Sexta Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid. En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Los militaristas deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA), abandonando ETA. En 1973 también se secuestró al empresario navarro Felipe Huarte Beaumont, que fue posteriormente liberado al pagar 50,000,000 de pesetas (300,000 euros actuales). Este fue uno de los primeros secuestros de ETA con motivo económico.

Tras el atentado de la cafetería Rolando, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea resurge la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean supeditarla a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente procedentes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA militar (ETA-m, ETA (m) o ETA mili) y ETA político-militar (ETA-pm, ETA (pm) o ETA poli-mili), siendo esta última la mayoritaria.

El 27 de septiembre de 1975 fueron fusilados tres miembros del FRAP —José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz— y dos de ETA político-militar —Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui—. Estas ejecuciones, las últimas de la dictadura de Francisco Franco, poco antes de su muerte, levantaron una ola de protestas y condenas contra el Gobierno de España, dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.

La transición democrática
ETA político-militar
Por tanto, cuando se inicia la transición a la democracia española no hay una ETA sino dos. ETA-pm apoyó la fundación de un partido político que representara el ideario de la organización ante las elecciones generales de 1977, Euskal Iraultzarako Alderdia ('Partido para la Revolución Vasca', EIA), que participó en dichas elecciones a través de la candidatura Euskadiko Ezkerra. ETA-pm mantuvo durante años una relación de interdependencia con EIA hasta que la deriva militarista de la organización (asesinato de dos dirigentes vascos de UCD a finales de 1980) llevó a los dirigentes del partido a tomar una postura crítica ante el terrorismo. En 1982, la facción Séptima Asamblea de ETA-pm aceptó la amnistía concedida por el Gobierno de España a todos los presos etarras aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en el partido político Euskadiko Ezkerra («izquierda del País Vasco», que en 1993 se fusionaría con el Partido Socialista de Euskadi, federación vasca del PSOE). El abandono de la violencia, decidido por los dirigentes de la Séptima Asamblea de ETA-pm, fue contestado por buena parte de su militancia (los "milikis"), que se integró en ETA-m (que en adelante, volvió a ser conocida simplemente como ETA), en especial los llamados comandos bereziak (especiales), dedicados a las acciones violentas más importantes. Algunos de los dirigentes de lo que en adelante sería ya la única ETA procedían de ETA-pm, como Antxon o Pakito. También se debe a personas de esta procedencia la llamada Alternativa KAS (programa marco político de la Koordinadora Abertzale Sozialista, órgano colectivo de una parte importante de la izquierda abertzale).

ETA militar
ETA militar, igual que los partidos EHAS y LAIA, boicoteó las elecciones generales de 1977, al mantener que no se habían conseguido las condiciones mínimas para la participación (libertades democráticas y amnistía general). La organización terrorista intentó convencer al PNV de que se uniese a su postura abstencionista durante las denominadas conversaciones de Chiberta (País Vasco francés), pero el partido se negó, apostando por la vía institucional. El PNV, además, formó un Frente Autonómico para el Senado con ESEI y el PSE-PSOE, el principal partido vasco no nacionalista.

ETA-m consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente, ya que consideró la naciente democracia como una continuación de la dictadura franquista. En 1978, reforzada por la unión de los berezis, una escisión militarista de ETA-pm, ETA-m cambió de estrategia y adoptó la conocida como "de la negociación" o "guerra de desgaste", que consistía en asesinar a miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presionar al Gobierno y obligarle a aceptar la "Alternativa KAS". Por otra parte, para no dejar el campo político libre a ETA-pm, apoyó la creación de la coalición Herri Batasuna (HB), que en un principio era una alianza autónoma de cuatro partidos políticos (HASI, LAIA, ESB y ANV). ESB y LAIA abandonarían HB en 1980 en desacuerdo con el papel predominante de KAS dentro de la coalición y su negativa a que HB participase en las instituciones, lo que se ha interpretado como que ETA-m tomó el control de HB y consiguió expulsar a los críticos.

Los atentados terroristas aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, que formó parte de la estrategia de ETA-m de instrumentalizar los movimientos sociales autónomos que habían ido surgiendo en Euskadi. El primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, tuvo como resultado un muerto y 16 heridos; en Madrid una bomba en la plaza de la República Dominicana mató en julio de 1986 a 12 guardias civiles e hirió a 50; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45. ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local. Sin embargo, los avisos eran confusos: informaban de que la bomba explotaría a las 15:30 pero no advertían de que estaba colocada en un coche. Al no encontrarse ningún paquete sospechoso y pasar la hora señalada, se consideró innecesario evacuar el comercio. Pocos meses más tarde, ETA perpetró un atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el que murieron once personas (cinco de ellas, niñas).

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. En los últimos años de la banda terrorista, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

La guerra sucia contra ETA
Véase también: Terrorismo tardofranquista
Entre 1975 y 1980 operaron diversos grupos como Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, todos ellos afines a la dictadura franquista.

Tras la victoria electoral socialista de 1982 surgen los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde 1983 hasta 1987, iniciaron sus acciones terroristas de "guerra sucia" contra ETA, atribuyéndoseles el asesinato de 27 personas. Estos atentados y secuestros fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco.

Atendiendo a las diversas fuentes, entre 1960 y 1989 el número total de víctimas mortales provocadas por los diferentes grupos parapoliciales o de extrema derecha oscilaría entre 66 y 73 (solo 2 de ellas de 1960 a 1975). Se excluyen de esas cifras los 77 casos que necesitan mayor investigación y aún están sin atribuir ni esclarecer.

Por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficinas al que confundieron con Mikel Lujúa, por entonces dirigente de ETA, el Tribunal Supremo condenó en julio de 1998 a penas de cárcel a José Barrionuevo, ministro de Interior; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya; Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, subcomisario de la policía; Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya; por secuestro y malversación de caudales públicos, y a Michel Domínguez, policía. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno presidido por José María Aznar.

En marzo de 1999, la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento por secuestro, lesiones y asesinato en relación con dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en Bayona (Francia) en 1983 y cuyos cadáveres torturados fueron descubiertos cerca de Alicante, en el sureste español, en marzo de 1995. En 2000, el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel. También se condenó por este caso al exgobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga Goyeneche, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo estuvo solo tres años en prisión y cumplió el resto de la condena en arresto domiciliario.

El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL, ha condenado verbalmente sus crímenes y su entonces presidente, Felipe González, nunca ha sido judicialmente acusado por estos hechos. González refirió: "Yo creo que no se puede decir que fuera terrorismo de Estado. Lo veo ahora con la perspectiva histórica. Si el aparato del Estado hubiera decidido eliminarlos, puede provocar otros problemas, pero termina por eliminarlos (Documental "La Pelota Vasca"). Dejémonos de historias, porque incidentes como los que ha habido en España los ha habido en todos los países en los que una actividad terrorista ha golpeado a la democracia (El País, 27/09/96)"

Durante los años de "guerra sucia" además de los atentados y secuestros se vivió una fuerte tensión en el País Vasco y Navarra y el entorno de ETA se vio impulsado, junto con la crisis derivada de la reconversión industrial, el paro..., por lo que consideraban una evidencia, entonces siempre negada por las autoridades, de que el gobierno socialista estaba detrás de los GAL. Para estos sectores ETA pasaba a ser una víctima y sus atentados una respuesta a las acciones del Gobierno.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En noviembre de 2010, el que fuera presidente del Gobierno, Felipe González, reconoció en una entrevista a El País que estuvo en sus manos en aquel entonces eliminar a la cúpula de ETA y decidió no hacerlo. Estas declaraciones coinciden en el tiempo con el alto el fuego de ETA de 2010.

Los pactos entre partidos (1987)
La reacción política a la intensificación de los atentados de ETA fue el inicio de una nueva etapa en la que se firmaron diversos pactos entre partidos:

Pacto de Madrid: El 5 de noviembre de 1987, los partidos políticos españoles PSOE, AP, CDS, CiU, PNV, PDP, PL, PCE y EE, firmaron una declaración conjunta, conocida como el "Pacto de Madrid" por el que denunciaban la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazaban su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco, emplazaban formalmente a ETA a abandonar las armas y aceptar las vías democráticas y se solicitaba al Gobierno Vasco que asumiera "el liderazgo en la desaparición de la violencia y el terrorismo, y en la consecución definitiva de la paz"; dichos partidos se pronunciaban a favor de la derogación de la ley antiterrorista.
Pacto de Ajuria Enea: Otro pacto de gran importancia sería el llamado Pacto de Ajuria Enea, firmado el 12 de enero de 1988 por José Antonio Ardanza como lehendakari del Gobierno vasco y por todos los partidos representados en el Parlamento Vasco a excepción de Herri Batasuna: Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, Alianza Popular y Centro Democrático y Social. El acuerdo se decidía a impulsar en su integridad el Estatuto de Guernica y a intensificar las relaciones del País Vasco con Navarra. Compartían los firmantes de este acuerdo la necesidad e importancia de una acción policial que contribuyera a la erradicación del terrorismo, a la protección de los principios que conforman la convivencia democrática y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores; instaba a ETA a renunciar a la vía armada y a HB a reanudar su actividad parlamentaria legitimándose como opción política; respaldaba las políticas de reinserción de los "arrepentidos", los procesos de diálogo si existiera una intención seria por parte de ETA de abandonar las armas, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular; apoyaba también la derogación de la Ley Antiterrorista y reiteraba el apoyo a las víctimas del terrorismo; reconocía además que la colaboración internacional se convertía en algo imprescindible para la erradicación de la violencia y se comprometían a velar para que la defensa del Estado de Derecho se produjera siempre dentro de la legalidad.
Según el dirigente del PNV Xabier Arzalluz, estos pactos respondían a la estrategia del PSOE de conseguir el apoyo de los partidos a la tregua con ETA que se disponía a realizar.
En 1987 Txomin Iturbe Abasolo, número uno de ETA en ese momento, comenzó a dirigir las conversaciones de Argel, que continuó, tras su muerte ese mismo año, Antxon, hasta su finalización en 1989. Tras la muerte de Txomin en 1987, Josu Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera tomó las riendas de la organización, que dirigió hasta ser detenido en 1989. Francisco Mujika Garmendia Pakito compartió liderazgo con él, pasando a hacerlo tras su detención con José Luis Álvarez Santacristina Txelis y Joseba Arregi Erostarbe Fiti (formando el denominado colectivo Artapalo).
El 28 de enero de 1988 ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días, que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre ETA (representada por Eugenio Etxebeste Antxon) y el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, denominada Mesa de Argel, que terminó en mayo sin resultados, finalizando el alto el fuego.
Plan Ardanza: En ninguno de los anteriores pactos que propugnaban el diálogo se había contado con ETA o su entorno, el MLNV, por lo que el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, argumentó que las posibilidades reales de acabar con la violencia quedaban limitadas. Por ello, el 17 de marzo de 1998, haciendo su personal interpretación de los acuerdos anteriormente mencionados, presentó a la Mesa de Ajuria Enea el llamado "Plan Ardanza", un documento que proponía un diálogo "sin condiciones previas y sin límites de resultados" y exclusivamente entre partidos, previa ausencia de violencia de ETA y una vez se tuviera constancia inequívoca de que ETA quisiera abandonar la violencia. El documento fue apoyado por los partidos miembros de la Mesa salvo el Partido Socialista de Euskadi-PSOE y Alianza Popular, quienes no aceptaban que los representantes vascos pudieran aprobar, por sí solos, enmiendas a la Constitución Española. El plan, considerado el testamento político de Ardanza que se retiraba de la política, fue muy criticado en su día siendo alabado posteriormente por su moderación y consistía en una reflexión sobre la situación de ETA y HB en ese momento, consideraba que la vía policial no había conseguido ningún resultado y la vía política no funcionaba si se aislaba a HB, por ello, proponía una forma de solucionar el "conflicto":
Dejar la resolución dialogada del conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca
Hacer propios los acuerdos que aquellos puedan alcanzar en las instituciones vascas
Incorporar los acuerdos al ordenamiento jurídico con el fin de que puedan resultar operativos.
El plan fue presentado ante los miembros de la Mesa de Ajuria Enea pero, finalizada sin acuerdo la negociación con ETA, no obtuvo el respaldo del resto de partidos.
Pacto de Navarra: Muy pronto surgieron las divergencias entre los firmantes de Ajuria Enea y se redactó otro documento el 7 de octubre de 1988, que no fue firmado ni por el PNV, ni por EA, conocido como "Pacto de Navarra", en el que se contenían las ideas del de Ajuria Enea, y así rechazaban en este acuerdo, toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, fuera reconocida en negociaciones políticas que pretendieran condicionar el desarrollo libre del sistema democrático, para reafirmar que solo la voluntad del pueblo podía orientar el presente y el futuro de Navarra, pero se enfatizaba especialmente en la condena de las actividades terroristas y el desprecio que generaban en la sociedad. La falta de acuerdo, según Arzalluz vino motivada por la oposición del PP a la política del PSOE de negociar con ETA. Precisamente en Navarra, en junio de 1990, se produjeron los sucesos de la Foz de Lumbier, que acabaron con dos terroristas y un guardia civil muertos y la desarticulación de facto del Comando Nafarroa.
En el atentado contra la casa-cuartel de Vic en mayo de 1991, perpetrado por el comando Barcelona en Vich (Barcelona) fallecieron diez personas, entre ellas una anciana y tres niñas.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov. Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones. El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel.

En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al Gobierno de España como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria. A partir del reconocimiento por parte del Gobierno de España de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que este tiene el derecho de autodeterminación, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El Gobierno de España rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por intentar difundirlas aprovechando los espacios gratuitos de publicidad electoral para añadir a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

Los frentes políticos
El 19 de abril de 1995 fracasó un atentado con coche bomba contra el entonces principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido presidente de Gobierno con el apoyo del PNV; también, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I. Así mismo, el 8 de enero de 1996 se desmantela un atentado contra Juan María Atutxa, dirigente del PNV y consejero de Interior del Gobierno Vasco y en febrero ETA asesina a Fernando Múgica y a Francisco Tomás y Valiente. Ese mismo mes son detenidos miembros representativos del entorno de ETA como Idígoras y Floren Aoiz. El 3 de marzo de 1996, Aznar gana las elecciones generales y es asesinado Ramón Doral Trabadelo, uno de los responsables de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista; en abril es puesto en libertad José María Aldaya tras un secuestro de 341 días. En junio ETA suspende sus actividades durante una semana, poco después reiniciaría sus acciones terroristas. Durante 1996 se atacaron 50 sedes del PNV, 26 del PSOE, 8 del PP y de EA y 4 de IU.

ETA comienza una táctica de "socialización de la violencia" realizando acciones de gran impacto mediático y crueldad, mientras que el gobierno se esfuerza por intentar una negociación con ETA. El 30 de junio de 1997 es liberado Cosme Delclaux, quien llevaba secuestrado 232 días. El mismo día, tras confirmarse la liberación de Delclaux, la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara después de 532 días de secuestro. El 10 de julio de 1997 ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, amenazando con matarlo si el Gobierno no cedía a sus exigencias. Se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones de solidaridad para exigir su liberación, pero, al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza asesinando al concejal, lo que desencadenó nuevamente manifestaciones masivas de rechazo. A esta reacción ciudadana se le denominó el «espíritu de Ermua». Aunque ETA ya había asesinado con anterioridad a militantes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español de mayor relevancia política, como Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica, el asesinato de Blanco supuso el comienzo de una larga serie de asesinatos de modestos concejales y alcaldes de pequeñas localidades vascas y navarras. La campaña, que se prolongaría durante años, dificultaría a los ciudadanos vascos y navarros no nacionalistas el ejercicio del derecho de sufragio tanto activo como pasivo.

Tras la sacudida social y política que provocarían estas acciones terroristas, se inició un nuevo tiempo político que movería las relaciones entre los partidos y la estrategia frente a ETA. En un momento muy inicial se consideró la posibilidad de crear una unión de todos los partidos contra ETA, pero muy poco después se crearon dos frentes políticos claramente diferenciados por su postura en relación con la política antiterrorista, reflejándose esa tensión especialmente en Arrigorriaga el 21 de julio, tras respaldar concejales de PNV, PSOE, IU, EA y PP una propuesta de HB en contra de la dispersión:

Así, por un lado el Gobierno del PP, con el apoyo de la oposición del PSOE, formaron el llamado frente "constitucionalista", siguiendo lo que se dio en llamar «Espíritu de Ermua» y promulgaba la aplicación severa y plena de las medidas policiales y judiciales contra ETA y su entorno.
Por otro lado, el frente "nacionalista" se consagró con la firma del Pacto de Estella, firmado el 12 de septiembre de 1998 por PNV, EA, HB, IU-EB, EKA, Batzarre, Zutik, siete sindicatos y nueve organizaciones sociales y promulgaba el diálogo y la negociación política como única solución al "conflicto", invocando como referente el Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de Stormont en Irlanda del Norte en abril de 1998.
El Tribunal Supremo dictó el 29 de noviembre de 1997 sentencia condenatoria contra la mesa nacional de Herri Batasuna por ceder su espacio electoral a ETA en las elecciones de 1996.

En enero de 1998, llega a oídos de la banda que la policía francesa tiene todo preparado para realizar una muy importante operación policial contra la organización. ETA comunica su disponibilidad a iniciar conversaciones a través de intermediarios internacionales y ante la negativa del gobierno popular, asesina a un concejal del PP en Zarauz. Por orden del juez Baltasar Garzón se cierra el periódico Egin.

La tregua y el Pacto de Estella (1998)
Los acuerdos de ETA con PNV y EA
Tras el rechazo de la negociación entre gobierno y ETA, por un lado, y la oposición de Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al "Plan Ardanza", por otro, en agosto de 1998 ETA plantea una propuesta al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y a Eusko Alkartasuna (EA) en busca de un acuerdo general. El texto incluía cuatro puntos que pueden resumirse en tres propuestas básicas:

El impulso a la creación de una estructura institucional única para todos los territorios de Euskal Herria, fomentando dinámicas y acuerdos entre las fuerzas nacionalistas vascas.
Ruptura de relación entre las fuerzas nacionalistas democráticas con el PSOE y el PP.
Declaración, por parte de ETA, de un "alto el fuego indefinido" (aunque con un plazo inicial de cuatro meses, transcurridos los cuales, ETA evaluaría el grado de cumplimiento de los acuerdos por parte de EA y PNV).
Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, y los partidos políticos PNV y EA, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, y PNV y EA se comprometían a "dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)". Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el "alto el fuego indefinido".

El PNV ofreció una contrapropuesta, en el que matizaban o puntualizaban los puntos propuestos por ETA:

Respecto al primero, respetar y especificar el ritmo y los pasos a dar.
Sobre el segundo, no cerrar la puerta a otras fuerzas políticas para conseguir la estabilidad de las instituciones.
Sobre el alto el fuego, especificar que se requería el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Finalmente, se pedía el compromiso de no hacer público los acuerdos unilateralmente.
Este pacto es muy posteriormente mencionado por ETA en una carta al PNV, en el que ETA muestra su desacuerdo con la contrapropuesta realizada por el PNV, acusándole de haber mostrado más interés por la paz que por la soberanía, al tiempo que califican el acuerdo como apropiado e importante por ser un paso en búsqueda de la soberanía de Euskal Herria.

La firma del Pacto de Estella y el inicio de la tregua indefinida
El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra.

Según Vázquez Montalbán, los firmantes de Estella estaban «convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA».

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una "tregua indefinida y sin condiciones" que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que "Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro". Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la "pacificación", y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la "normalización", "la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie". Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora "de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria".

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su "derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos", y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Elecciones autonómicas y conversaciones del gobierno con ETA
Ya iniciada la tregua, ese mismo mes de septiembre, comenzaron los contactos entre el Gobierno del Partido Popular y el entorno etarra; tres miembros del Gobierno de José María Aznar se entrevistaron de manera secreta con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Herri Batasuna en un chalé de la comarca de Juarros, en Burgos Durante ese período, el Partido Popular mostró signos de buena voluntad, suavizando su postura y sus declaraciones y acercando a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al Gobierno a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia.

En octubre de 1998 Herri Batasuna llegó a un acuerdo electoral con otras fuerzas firmantes del Pacto de Estella, como Zutik y Batzarre, pasando a formar parte de la nueva agrupación Euskal Herritarrok (EH). Poco después y en una teórica situación de "ausencia de violencia", aunque la violencia denominada "de baja intensidad" seguía acosando a todos los partidos políticos y en mayor medida a PP y PSOE, se celebraron elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que nuevamente ganó en votos el PNV aunque los extremos políticos PP y EH lograron un considerable aumento de sus sufragios. El Partido Popular venció en Álava y ganó 100.000 votos convirtiéndose en la segunda fuerza desplazando al PSOE, y EH venció en Guipúzcoa y logró 223.264 votos. En San Sebastián, sin embargo, el PP fue el partido más votado (25,7%) y EH fue el segundo (19,3%).

En enero de 1999, es investido por primera vez lehendakari el jeltzale Juan José Ibarretxe tras la ruptura de las negociaciones entre PNV y PSOE y en marzo de 1999 se firmó un acuerdo de legislatura con EH. En dicho acuerdo EH renunciaba a la vía armada en beneficio de la política y por ello dicho acuerdo expresaba:

"Reiteramos nuestra apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal Herria"
Ello suponía, para algunos dirigentes políticos, que por medio de ese pacto «los dirigentes abertzales quedan atados de pies y manos a la política del PNV».

Dichos acuerdos culminaron en una reunión secreta entre PP y ETA en Zúrich en el mes de mayo de 1999. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas, pero para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales y la reunión no fructificó.

Sin embargo las conversaciones no tuvieron éxito y se contabilizaron 390 acciones de terrorismo callejero durante 1999. Un sector del PP, encabezado por Mayor Oreja, presidente del PP vasco, receló de la tregua, considerándola una estrategia de ETA para reorganizarse y rearmarse, denominándola “tregua-trampa”, interpretando el contenido de una comunicación interna de ETA interceptada al responsable de los comandos operativos José Javier Arizkuren Ruiz Kantauri, en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo. Poco después del encuentro con el Gobierno, dos de los interlocutores fueron detenidos. El parlamento nunca llevó a efecto la moción sobre el acercamiento de 1998.

Ruptura de la tregua
En agosto de 1999, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la "fortaleza y estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y, por tanto, no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del Gobierno de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible". También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

ETA declaró el fin del alto el fuego el 2 de diciembre de 1999. El PNV realizó una declaración institucional ese mismo día en el que reprochaba a ETA su actitud de intentar tutelar el proceso, le acusaba de perjudicar al nacionalismo vasco y, a su vez, animaba a HB a defender democráticamente sus propuestas invitándola al diálogo.

El 20 de diciembre de 1999, la Guardia Civil interceptó cerca de Calatayud (Zaragoza) una furgoneta cargada con 950 kilogramos de explosivos; dos días después, en Alhama de Aragón, cerca de Calatayud, se encontró abandonada una segunda furgoneta, cargada con unos 730 kilogramos de explosivos. ETA pretendía llevarlas hasta Madrid y hacerlas estallar a la vez, lo que hubiera provocado uno de los más importantes atentados en su historia, por lo que fue conocido como la caravana de la muerte.

El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kg de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, muriendo el teniente coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Este asesinato obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez (22 de febrero de 2000), cuando el pacto se rompió definitivamente. La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la Cámara por parte de EH en septiembre (que anunció que solo volvería al Parlamento de Vitoria en «ocasiones puntuales») dejaron al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Por su parte ETA dio a conocer a la opinión pública el 30 de abril de 2000 los textos hasta entonces secretos de las negociaciones de 1998 y 1999 entre PNV y ETA, mediante su publicación en el periódico Gara. y reconoció que la tregua en realidad había sido una “tregua-trampa”. En el año 2000 ETA acabó con la vida de 23 personas, incluyendo entre sus víctimas a jueces, periodistas y uno de los fundadores del Foro de Ermua.

También se produjeron importantes escisiones en Euskal Herritarrok, primero con el abandono de Zutik y Batzarre, grupos políticos independientes contrarios a la vía armada, y después con la formación del nuevo partido político Aralar. Patxi Zabaleta, miembro fundador y exdirigente de HB y EH que encabezaba ya desde finales de los años ochenta una postura crítica dentro de estas organizaciones, condenando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y exigiendo la desaparición de ETA, se convirtió en el coordinador de Aralar.

Primeros reconocimientos a las víctimas
El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

La política antiterrorista después de la tregua
Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del PSOE, continuó el acoso que ya se había iniciado en 1998, no solo a ETA, sino también a su entorno, por todas las vías democráticas posibles, perdurando casi todas ellas en la actualidad. Además se reanudó la ofensiva a nivel judicial y policial.

Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 otorgaron la mayoría absoluta al Gobierno de Aznar que desarrolló una política antiterrorista sin necesidad de contar con el respaldo de los nacionalistas, a diferencia de la anterior legislatura. Entre las actuaciones realizadas destacaron:

El «Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo» que fue un nuevo pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE el 12 de diciembre de 2000.
Reforma de la Ley de Partidos por la que consiguió la ilegalización de los partidos políticos afines a la organización (Batasuna, Euskal Herritarrok y HB). Sus simpatizantes intentaron presentarse a las elecciones mediante la formación de agrupaciones de electores locales, que en bastantes casos fueron también prohibidas.
Resolución de la Audiencia Nacional que consideraba a los colectivos Jarrai, Haika y Segi como integrantes de una asociación ilícita no terrorista. Más tarde, el Tribunal Supremo modificaría esa sentencia el 19 de enero de 2007 declarando que Jarrai, Haika y Segi formaban parte de la estructura de ETA y aumentando las penas impuestas a sus 24 dirigentes
Inclusión de las anteriores en las listas internacionales como terroristas.
Procesos judiciales contra el denominado "entorno de ETA" ("proceso 18/98").
Cierre del periódico Egin, de su emisora y de varias empresas vinculadas.
Cierre del periódico Egunkaria en el 2003. Aunque el fiscal retiró la acusación en 2006 por considerar que no existían indicios de que perteneciera a la estructura de ETA.
Política de dispersión de los presos de ETA.
Reforma del Código Penal e impulso de cambios jurisprudenciales con el objetivo de conseguir el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas a los terroristas y la supresión de los beneficios penitenciarios ("Doctrina Parot"). Aunque el 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo sentenció que la citada "doctrina Parot", establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional en 2012, violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
No concesión del tercer grado penitenciario a los miembros de ETA.
Los actos de "kale borroka" serían enjuiciados en la Audiencia Nacional de Madrid, aunque fueran cometidos por menores de edad.
Impulso de la actuación policial deteniendo a múltiples comandos de la organización y dirigentes de la organización (Iñaki de Rentería, Asier Oiartzabal, Mikel Antza...). En el año 2001 se detuvieron a 135 personas vinculadas a la organización.
Apoyo a asociaciones de víctimas del terrorismo y organizaciones cívicas antiterroristas.
Durante esa legislatura popular los Tribunales sentenciaron la ya mencionada "guerra sucia" de los GAL que tuvo lugar durante los gobiernos socialistas en los años 1980, aunque indultaron o excarcelaron a los condenados.
El 21 de noviembre del 2000, ETA asesinó al político socialista catalán Ernest Lluch, exministro de Sanidad en el primer gobierno de Felipe González, hecho que produjo un tremendo impacto por tratarse de una persona proclive al diálogo. Pocos días después, el 12 de diciembre de ese mismo año, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco."

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno. La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización. Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia. El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

Tras varios meses de precariedad parlamentaria vasca, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios (los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, el Gobierno Vasco anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento Vasco desde la llegada de la democracia, y terminaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que el año 2000 acabó con la vida de 23 personas.

En ese escenario se celebraron las elecciones de 2001, planteadas como un plebiscito entre "nacionalismo" y "constitucionalismo", en las que la coalición PNV-EA casi triplicó el significativo aumento de votos del PP, mientras que el nacionalismo radical representado por Euskal Herritarrok (EH) sufrió un serio descalabro ya que, tras la ruptura de la tregua de ETA, perdió la mitad de sus 14 escaños y casi 80.000 votos, pasando del 17,9% de 1998 al 10,1%. Apenas un mes después, Herri Batasuna culminaba su proceso de refundación, iniciado a partir de EH, con la creación de Batasuna, un nuevo partido con presencia en toda Euskal Herria.

Las instituciones internacionales tras el 11-S de 2001
El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condenarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 21 de septiembre de 2001 era el Consejo de Europa quien aprobaba las «Conclusiones y plan de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001» en las que se marcaba el plan de acción de la política europea de lucha contra el terrorismo. Sus principales puntos eran:

Reforzar la cooperación policial y judicial.
Desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales.
Terminar con la financiación del terrorismo.
Reforzar la seguridad aérea.

Continúa: https://es.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna

Euskal Herria

Banda terrorista