Solicitud de Tomás González Garcetas, abogado, para que se ejecuten los bienes de Tomás Santos, vecino de Laguardia, por valor de 400 reales de vellón que adeudaba de los intereses de un censo de 200 ducados de principal que tenía contra sí y a favor de la capellanía fundada por Tomás Antonio Garcetas de los Arcos.

Santiago Ceballos [Plaza], vecino de Labastida, pide a la Juanta Superior de los Bienes del Estado que le admita la redención de un censo, otorgado por Francisco de Marroquín al Monasterio de Santa María de Vileña, por valor de 4.400 reales de principal y 132 de réditos y que actualmente es redimible por ser propiedad del Estado.

Solicitud de Juan Ramírez, en nombre de Teresa Rodríguez, viuda de Francisco Sáenz de San Pedro, como madre y curadora de sus hijos, de ejecución de bienes contra Juan González Moreno por impago de los réditos de un censo, por cuantía de 21 ducados.

Solicitud de Miguel Sánchez Jubera, en nombre y en virtud de poder de Estacio Gutiérrez, vecino de Valladolid, para que se haga ejecución a los bienes del doctor Juan Marín de Bazan y el licenciado Víllodas, beneficiados de Fuenmayor y Briones respectivamente, por impago de 9.042 maravedís de réditos anuales.
Contiene:

• Imposición de censo otorgada por Antonio Marín, natural y beneficiado de Fuenmayor, y el licenciado Diego López de Víllodas, natural y beneficiado de Briones, a favor del licenciado Jubera, clérigo y beneficiado en la Iglesia de Nuestra Señora de Palacio de Logroño, de 100 ducados de principal y 2.678 maravedís anuales de réditos, en Logroño a 12 de septiembre de 1591 ante Fernando Ramírez.
• Poder otorgado por Estacio Gutiérrez, vecino de Valladolid, a favor de Diego Ruiz y de Miguel Sánchez Jubera, procurador, en Logroño a 12 de septiembre de 1597 ante el escribano Cristóbal de Paternina.

Solicitudes de Casimiro Sáenz de San Pedro, vecino de Laguardia, para que se realice ejecución de bienes contra Ángel Baldomero Iglesias y Matías Ortiz por impago de los réditos de unos censos.

Solicitud de Cesáreo Benito, procurador del número del juzgado de Laguardia, en virtud de poder de Sebastián Gil, vecino de Lanciego, para que Tiburcio Pérez, vecino de la primera villa, como marido de Irene Íñiguez, reconozca un censo de 80 ducados de principal y pague los réditos que adeuda a su representado.